Ciudad de México.— Una jornada sin precedentes en la historia judicial de México culminó el jueves 5 de junio con la confirmación de Hugo Aguilar Ortiz como próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aguilar, abogado de origen mixteco, alcanzó 6.19 millones de votos, superando por más de 393 mil sufragios a la segunda contendiente, la magistrada Lenia Batres Guadarrama.
Estos comicios, celebrados el pasado 1 de junio, representaron la primera vez que la ciudadanía votó directamente por los integrantes del Poder Judicial federal y estatal. Con una participación cercana al 13 por ciento—aproximadamente 13 millones de votantes—, la elección marcó el inicio de una nueva era en la que el INE supervisó la renovación de nueve puestos en la SCJN bajo criterios de paridad de género (cinco ministras y cuatro ministros).
Hugo Aguilar Ortiz, hasta hace poco coordinador general de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), es reconocido por más de 30 años de trayectoria en la defensa de las comunidades originarias y afromexicanas. Su plan para la Corte se basa en una justicia intercultural que respete la pluralidad legal y cultural de la nación. Con este triunfo, se convierte en el segundo presidente de la SCJN de origen indígena desde Benito Juárez (1857-1858), y el primero en ocupar el cargo tras ser electo por voto popular.
Pese al entusiasmo que generó su victoria entre organizaciones civiles y comunidades indígenas, surgen cuestionamientos sobre su cercanía al partido Morena, ya que fue respaldado públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum y ha colaborado en proyectos emblemáticos del gobierno, como el Tren Maya. Analistas señalan que, aunque su perfil humanista e intercultural despierta esperanzas de una Suprema Corte más diversa, también deberán vigilarse posibles sesgos partidistas que pudieran minar la independencia judicial.
El nuevo presidente tomará posesión junto con sus ocho colegas ministras y ministros el 1 de septiembre de 2025, cuando arranque formalmente el periodo para el que fueron electos. Con ello se cierra un ciclo que comenzó con la reforma constitucional de septiembre de 2024, destinada a democratizar la designación de integrantes del Poder Judicial federal.
