La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó en conferencia de prensa que el gobierno estatal no tuvo conocimiento previo sobre la operación de la llamada “minirefinería de huachicol” desmantelada en Coatzacoalcos por la Fiscalía General de la República (FGR), toda vez que la dependencia federal no notificó a las autoridades locales sobre el cateo ni la incautación. Nahle explicó que, en su experiencia, la FGR a veces decide mantener los operativos “cerrados” para evitar filtraciones, y puso como paralelo que la Fiscalía General del Estado también actúa de forma análoga en ciertas diligencias sin notificar de antemano a otras instancias.
La mandataria aclaró enfáticamente que la instalación intervenida no puede considerarse una “refinería” ni siquiera a escala reducida, sino más bien una mezcladora de hidrocarburos y otros insumos, puesto que carece de los procesos técnicos, equipos y autorizaciones que exige una planta de refinación legítima. En sus palabras: “No es minirefinería. Es una mezcladora, mezclaban ahí productos (…) no lleva los procesos técnicos ni la estructura que exige una verdadera planta de refinación”, recalcando que la autorización para operar cualquier refinería corresponde a la Secretaría de Energía y que en la actual administración federal solo se han presentado, por un lado, proyectos formales como Dos Bocas y, por otro, solicitudes a particulares que no cumplían con requisitos básicos.
El hallazgo, divulgado inicialmente por autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, incluyó el aseguramiento de alrededor de 500 mil litros de hidrocarburo y equipo para su procesamiento clandestino, cifra que encaja en la estrategia nacional de combate al huachicol que ha recuperado millones de litros en diversas entidades. Esta práctica ilícita representa un reto permanente tanto para el gobierno de la república como para los estados, ante la red de ductos y la impunidad en algunos casos; el operativo de Coatzacoalcos forma parte de una serie de acciones recientes en Veracruz y otras regiones, que buscan desarticular redes de robo y adulteración de combustibles.
En el plano político y de coordinación interinstitucional, el episodio subraya la tensión que puede existir entre instancias federales y estatales cuando se ejecutan operativos sin comunicación previa, aunque también muestra la postura de la gobernadora de respaldar las labores federales contra el huachicol. Nahle ha manifestado su disposición para “ser prudente” y esperar el informe completo de la FGR sobre las investigaciones y posibles vínculos o responsables, al tiempo que reconoce el riesgo ambiental y de seguridad que implica la proliferación de instalaciones clandestinas en zonas con ductos y actividad pétrofera.
Analistas y especialistas en seguridad energética señalan que, para prevenir nuevos casos, es crucial fortalecer los mecanismos de colaboración entre autoridades federales, estatales y municipales, así como mejorar la vigilancia de ductos y puntos críticos, además de impulsar penas más severas contra el huachicol y promover la denuncia ciudadana. En este sentido, la gobernadora ha insistido en dar seguimiento a las conclusiones de la FGR y en trabajar con la Secretaría de Seguridad Pública federal para reforzar operativos y programas de prevención en Veracruz, a fin de evitar que estas mezcladoras clandestinas reaparezcan en el territorio estatal
