Washington, 20 de junio de 2025. La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó este viernes el despido de más de 600 trabajadores de la agencia federal que engloba la Voz de América (VOA) y Radio Martí, en una nueva escalada de ataques contra medios públicos. Según comunicados oficiales, se enviaron avisos de terminación a 639 empleados de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM), reduciendo de forma drástica la plantilla en línea con la agenda de “reducción de burocracia federal” alegada por la Casa Blanca.
Kari Lake, asesora principal de USAGM designada por Trump, afirmó en su cuenta de X que “hoy tomamos medidas decisivas para implementar la agenda del presidente Trump de reducir la burocracia federal descontrolada”, defendiendo que la reducción del 85 % de la fuerza laboral—equivalente a unos 1,400 puestos recortados desde marzo de 2025—responde a supuestas ineficiencias y sesgos ideológicos en la agencia. Tras estos despidos, sólo quedarían alrededor de 250 empleados en USAGM, VOA y la Oficina de Transmisiones para Cuba (Radio Martí), completando así recortes previos que ya habían dejado a más de mil trabajadores en estado de licencia administrativa sin acceso a sus puestos de trabajo.
La medida ha provocado rechazo unánime entre legisladores demócratas y republicanos, así como organizaciones de prensa y defensores de la libertad de expresión, que advierten sobre el vaciamiento de una herramienta histórica de diplomacia blanda creada en 1942 para contrarrestar propaganda autoritaria y ofrecer noticias fiables a audiencias en países con restricciones a la prensa. Expertos en relaciones internacionales subrayan que la eliminación de programación en más de 40 idiomas podría dejar un importante vacío informativo en regiones clave —como Medio Oriente, África y Cuba— donde VOA actúa como fuente independiente frente a medios estatales y desinformación.
Más allá del impacto en la proyección global de Estados Unidos, analistas advierten posibles consecuencias diplomáticas y de seguridad, pues sin una voz oficial capaz de transmitir información contraria a narrativas hostiles se dificulta el contrapeso a campañas de desinformación extranjeras. Paralelamente, ex empleados han iniciado litigios alegando despido sin indemnización ni debido proceso, señalando que las decisiones podrían violar políticas internas de USAGM y precedentes legales sobre protección laboral en agencias federales.
Este episodio se enmarca en un contexto más amplio de ataques del gobierno de Trump a medios públicos: en mayo, se impulsaron recortes presupuestarios significativos a NPR y PBS bajo argumentos similares de sesgo izquierdista y gasto excesivo. Organizaciones de periodistas internacionales han enviado cartas a congresistas del Capitolio solicitando frenar estas iniciativas para preservar la credibilidad y el alcance global de la información estadounidense, advirtiendo que la desintegración de VOA podría erosionar la influencia de EE.UU. en regiones con regímenes autoritarios.
