Donald Trump declaró que la situación en Los Ángeles se encuentra “bajo control” tras días de protestas por redadas migratorias, aunque agregó que “veremos qué pasa” en cuanto al posible despliegue de infantes de marina para reforzar a la Guardia Nacional. El mandatario afirmó que la medida busca corregir lo que consideró un giro equivocado en la gestión de los disturbios y confió en contar con el respaldo del gobernador Gavin Newsom, a quien señaló como “gran beneficiario si se solucionan sus problemas”.
El anuncio se produce luego de que Trump ya ordenara el envío de más de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles para apoyar en la contención de manifestaciones, y considerara la opción de movilizar hasta 700 marines en la ciudad. Las protestas, derivadas de redadas de Immigration and Customs Enforcement (ICE), registraron episodios de tensión y algunas detenciones, aunque autoridades locales sostienen que en su mayoría fueron pacíficas y manejables por cuerpos policiales municipales.
California respondió con acciones legales al despliegue de tropas federales sin autorización estatal, interponiendo una demanda que alega violación de la soberanía y la normativa que regula la activación de la Guardia Nacional. Autoridades estatales y del gobierno de Los Ángeles subrayan que la movilización de fuerzas militares sin la solicitud del gobernador es inédita desde 1965 y genera un conflicto constitucional sobre el alcance del poder ejecutivo federal en funciones de seguridad interna.
Gavin Newsom calificó la escalada como “artificial” e “innecesaria”, advirtiendo que la presencia militar podría agravar la tensión social y vulnerar derechos civiles. Por su parte, críticos de la Casa Blanca señalan que la apuesta por un despliegue militar en protestas domésticas implica riesgos para la libertad de expresión y marca una tendencia autoritaria en el uso del poder federal frente a gobiernos estatales disidentes.
El episodio recrudece el debate sobre hasta dónde puede llegar la administración federal en intervenciones de seguridad interna y el equilibrio entre mantener el orden y respetar competencias estatales. Observadores advierten que la tensión podría prolongarse si no se establecen canales de diálogo entre la Casa Blanca y California, y subrayan la importancia de soluciones políticas que eviten una militarización excesiva de conflictos civiles
